Las <strong>restricciones</strong> limitarían la capacidad de los no ciudadanos para comprar viviendas, con el objetivo de mantener los precios de la vivienda asequibles para los residentes locales. Los defensores argumentan que ayuda a mantener la vivienda asequible para los locales y evita la especulación inmobiliaria. Los opositores argumentan que disuade la inversión extranjera y puede tener un impacto negativo en el mercado de la vivienda.
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